LA DETENCIÓN. CASOS EN QUE PROCEDE LA DETENCIÓN. REQUISITOS. SUPUESTOS ESPECIALES. TRATAMIENTO DE LOS DETENIDOS. LOS DERECHOS DEL DETENIDO. LA ASISTENCIA LETRADA. PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL DE LOS DETENIDOS.

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Vamos a poder definir a la Detención, como una medida cautelar de carácter personal por la que limita a una persona, provisionalmente, de su derecho a la libertad con el fin de ponerla a disposición del Juez de Instrucción.

 

El Art. 17 de la Constitución establece:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

 

2.  La detención no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, de modo que le sea compresible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar.  Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

 

4. La ley regulará el procedimiento de “hábeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.  Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

 

En desarrollo de la Constitución, la L.E.CR. regula lo relativo a la detención en los Arts. 489 y siguientes.

 

En la detención hay que distinguir un sujeto activo, o persona que puede llevarla a cabo, y un sujeto pasivo, que lógicamente, será quien sufra esa limitación de su derecho fundamental.

 

Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

 

Sujetos activos de la detención son:

A)      La Autoridad judicial y el Ministerio Fiscal

B)      Los agentes de la Autoridad (Policía Judicial)

C)     Los ciudadanos

D)     La Autoridad gubernativa, en los supuestos de estado de alarma y excepción y en los contemplados en la Ley 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

 

 

 

CASOS EN QUE PROCEDE LA DETENCIÓN:

 

1) DETENCION POR CIUDADANOS.  El Art. 490 de la L.E.Cr. dispone que cualquier persona puede detener:

1)      Al que intentara cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.

2)      Al delincuente “in fraganti”.

3) Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.

4)    Al que se fugare de la cárcel en que estuviera esperando su traslado al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.

5) Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior.

6) Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.

7)      Al procesado o condenado que estuviera en rebeldía.

 

2) DETENCIÓN POR AUTORIDAD O AGENTE.  

 

Mientras que la detención del particular es potestativa, la de la autoridad se impone como una obligación, incluso reforzada penalmente con el delito de ABANDONO DE DESTINO Y DE LA OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DELITOS, previstos en los artículos 407, 408 y 409 del Código Penal.  Según el Art. 492, la autoridad o agente de Policía Judicial tendrán la obligación de detener:

 

1) A cualquiera que se halle en alguno de los casos previstos en el artº 490

 

2) Al que estuviere procesado por delito, que tenga señalado en el Código Penal pena superior a Prisión Correccional.

3) Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial.

 

4) A toda persona, no procesada, cuando la Autoridad o sus Agentes tuviesen motivos racionalmente bastantes, de la existencia de un delito, e iguales motivos de su participación en él de dicha persona.

 

Con carácter cautelar, puede también procederle a la detención por orden de la Autoridad gubernativa competente, de:

 

A) Los extranjeros sometidos a expediente de expulsión, en los casos y con las garantías señaladas por la ley.

 

B)    Los sometidos a expediente de extradición.

 

Puede ocurrir que la autoridad o agente de Policía que intervenga no considere la necesidad de detener a una persona, porque no se encuentre comprendida en alguno de los supuestos contemplados como obligatorios para proceder a la detención; en estos casos, dicha autoridad o agente tomará nota del nombre, apellidos, domicilio, así como del resto de circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del delincuente. Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa.

 

Detención por la comisión de faltas; Dada la escasa gravedad de la infracción penal, castigada con penas leves, y lo improbable que el infractor rompa con sus hábitos sociales y familiares para ponerse fuera del alcance de la Justicia, el legislador ha determinado como regla general que no puede detenerse por la comisión de simples faltas, estableciendo una importante excepción.

 

Según el Art. 495, “No se podrá detener por simples faltas  salvo que el presunto reo no tenga domicilio conocido y que no dé fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle”.

 

Detención para la identificación de personas; La Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, refleja en su art. 20, que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley  y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 

De no lograrse la identificación por cualquier modo y cuando resulte necesario a los mismos fines del apartado anterior, los agentes para impedir la comisión de un delito o falta o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompasen a dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible, en el marco de la L.E.Cr. y el Código Penal.

 

Sobre el control y registro de personas y vehículos en la vía pública se ha manifestado el Tribunal Constitucional a través de un auto, declarando que la detención por el tiempo mínimo imprescindible para realizar tales operaciones no constituye ni formal ni materialmente una detención.

 

Supuestos en que no procede la detención.

 

  1)  El Rey goza de inviolabilidad absoluta.  Según el Art. 56 .3 de la constitución, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

2) El Defensor del Pueblo, que gozará de inviolabilidad absoluta por las opiniones que formule o actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.

3) Los diputados y senadores y los representantes de las Cámaras autonómicas, gozan también de inviolabilidad absoluta por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

 

 

 

 

Supuestos en que sólo procede la detención en flagrante delito.

 

1) El Defensor del pueblo: En otros supuestos, mientras que ejerza su función, no podrá ser detenido salvo en casos de flagrante delito, correspondiendo su inculpación, procesamiento y juicio a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  Prerrogativa que son aplicables a sus dos adjuntos en cumplimiento de sus funciones.

2) Los diputados y senadores, podrán ser detenidos en flagrante delito dando cuenta inmediatamente al Presidente de la Cámara respectiva.  Para ser inculpados y procesados se requiere la autorización de ésta.

3) Parlamentarios autonómicos, su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Cámara respectiva, salvo que hubieran delinquido fuera de su Comunidad, corresponderá a la Sala II del Tribunal Supremo.

4) Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal. Para ser detenidos en los supuestos que no sean “in fraganti” se requiere orden del juez competente, debiéndose dar cuenta inmediata de su detención al Presidente del Tribunal o Audiencia de quien dependa.

5) Miembros de gobierno Central o Autonómico.  Los Estatutos de autonomía establecen cono regla general que los miembros de gobiernos autonómicos solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, decidiendo su inculpación, procesamiento y juicio el Tribunal Superior de Justicia.  Con respecto a miembros del Gobierno nada dice la ley al respecto, entendiéndose que también podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, correspondiendo su inculpación, procesamiento y juicio a la Sala II del Tribunal Supremo.

6) Jefes Estado extranjeros, los representantes diplomáticos y miembros de las delegaciones diplomáticas y sus familiares, si son detenidos por flagrante delito deberán ser puestos a disposición de sus gobiernos, pues solo están sometidos a la ley de su país.

7) Funcionarios consulares.  Además de los casos de flagrante delito, pueden ser detenidos cuando se trate delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente, comunicando la detención inmediatamente a su Estado por vía diplomática, según dispone el Convenio de Viena de 1963 suscrito por España.

 

Supuestos que procede la detención con especiales formalidades.

 

1) Las autoridades y funcionarios, podrán ser detenidos en cualquier caso, comunicando la detención al superior de quienes dependan.

2) Los militares podrán ser detenidos salvo que estuvieren desempeñando un servicio de armas u otra función esencialmente militar, en cuyo caso sólo podrán ser detenidos por sus jefes, a no ser que estuvieran fuera del alcance de los mismos y comunicarlo al Superior en rango o encargado del acuartelamiento.

 

Según el Art. 173 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, cualquiera de sus miembros que fuere detenido tiene derecho y deber de comunicar inmediatamente con sus superiores, y no se le podrá retener en dependencias policiales o gubernativas, más tiempo que el imprescindible para la formación del atestado o diligencias. Una vez practicadas el detenido será entregado la autoridad judicial competente.

 

 

Derechos del detenido

El artículo 17.3 de la C.E. señala que: “Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea compresible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar.  Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”.

 

A tal efecto, la L.E.Cr. (art.520.2), dispone lo siguiente:

 

   1)     A guardar silencio; a no declarar si no quiere; a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

2)      A no declarar contra si mismo y a no declarase culpable.

 

3)      A designar Abogado y a solicitar su presencia en las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto.  Si el detenido no designara Abogado, se le nombrará de oficio.

El nombramiento de Abogado por designación del propio interesado o de oficio es imprescindible, salvo que se tratara de hechos tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, en los que el detenido puede renunciar a la preceptiva asistencia de Abogado.

4)      A que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia. si se tratase de extranjeros, pueden pedir que tales circunstancias se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

5)      A ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o hable el castellano.

6) Derecho a ser reconocido por el Médico Forense o su sustituto legal o en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre o el de otra de carácter estatal o perteneciente a las administraciones públicas.

 

Límites de los derechos del detenido

 

Estos límites están establecidos en el art. 527 de la L.E.Cr. al disponer lo siguiente:

 

“El detenido o preso, mientras se halle incomunicado, no podrá disfrutar de los derechos expresados en el presente capítulo, (visitas, correspondencia, comodidades especiales, etc.) con excepción de los establecidos en el Art. 520, con las siguientes modificaciones”.

 

A)      En todo caso, su abogado será designado de oficio.

B)      No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado  d)       del número 2, (en nuestro tema equivale al apartado 4).

 C)       Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su abogado prevista en el apartado c) nº6.: entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de las diligencia en que hubiere intervenido).

 

 

 

 

Diligencias relacionadas con la detención de una persona

 

1- Diligencia de identificación de sospechosos del hecho por el que se instruyen las actuaciones.

Cuando en investigaciones anteriores no hubiere quedado determinada o patente dicha filiación, se expresarán los datos identificativos de que dispongan y las razones por las que se estima la participación de los mismos en los hechos.

2- Diligencia comisionando a determinados agentes para la detención.

3- Diligencia de detención, con expresión del lugar, fecha y hora en que se ha producido y circunstancias o incidentes ocurridos durante dicha detención.

4- Diligencia de información de derechos, consignando las manifestaciones del detenido respecto de las mismas, su firma o, en su caso, expresando que se niega a firmar.

5- Reseña de los efectos personales y objetivos encontrados en poder del detenido.

6- Diligencia haciendo constar que se da cuenta a la autoridad judicial de la detención y lugar de custodia, que ha de hacerse inmediatamente, o a lo sumo, dentro de las 24 horas.

7- Diligencia de comunicación al Abogado designado por el detenido, o, en su caso, de aviso al Abogado de oficio.

8- De haberlo así solicitado el detenido, deberá incluirse las diligencias de solicitud de reconocimiento médico, de su práctica, aportando el informe del facultativo, as! como las de petición, llamamiento y concurrencia de intérprete; la de aviso a familiares o persona designada del hecho de la detención y del lugar de custodia.

9- Diligencia de antecedentes policiales del detenido.

10- Y, en su caso, la de libertad del mismo.

 

LA ASISTENCIA LETRADA

 

     El artº 24.1 de la Constitución Española reconoce a todas las personas el “derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.

     Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales.

     Todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidaran, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo, y estarán obligados, a falta de disposición expresa, a instruir a éste de sus derechos y de los recursos que pueda ejercitar, mientras no se hallare asistido de defensor.

 

 

PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL DEL DETENIDO

 

La culminación del procedimiento señalado en la Ley, en cuanto a la detención, modos, formas y tiempo máximo, es la puesta a disposición de la Autoridad Judicial, que deba conocer del caso, del detenido, así como las pruebas realizadas, efectos intervenidos y el conjunto de diligencias que conforman el atestado policial.

 

La autoridad judicial, una vez revisado el caso, ordenará, bien la puesta en libertad del detenido o su ingreso en prisión.

 

DESTINO DE LA DETENCION

 

Si la entrega del detenido se hace al Juez que lleva la causa éste, podrá, por auto motivado, elevar la detención a prisión provisional o decretar su puesta en libertad en el plazo de setenta y dos horas.

Si la entrega se hace a Juez distinto del que conoce la causa caben tres alternativas:

1) Que se siga sumario por otro juzgado.  En este supuesto, el órgano que ha recibido al detenido se limitará a tomar los datos de quien realiza la entrega, así como los del detenido y motivos de la detención; acto seguido y tras haber realizado tal diligencia, el Juez remitirá las diligencias y el detenido al órgano competente.

2) Que no se haya iniciado todavía el sumario.  En este caso el órgano receptor realizará las primeras diligencias y de éstas decretará la prisión o libertad para el detenido, todo ello dentro del plazo de setenta y dos horas, pasando acto seguido las actuaciones y el preso, en su caso, al Juez competente.

3) Que hubiere recaído condena.  En este caso el órgano jurisdiccional que recibiera al detenido se limitará a enviarlo a la prisión donde deba cumplir condena.

De todas estas actuaciones, se dará cuenta al Ministerio Fiscal, así como al querellante particular si lo hubiere, y al procesado, quien tendrá el derecho a alegar en este sentido lo que estime conveniente.

 

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