LEY 30/92 DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ACTOS Y ACUERDOS DE LOS ENTES LOCALES. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. NOTIFICACIONES.

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LEY 30/92 DE 26 DE NOVIEMBRE DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

 

El artículo 149.1.18 de la Constitución establece las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que habrán de garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas, mediante el Procedimiento Administrativo Común.

 

Estas bases se encuentran recogidas en la Ley 30192 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que es de aplicación a todas las Administraciones Públicas y rigurosamente respetuosa con la distribución constitucional de competencias.

 

Aunque actualmente algunos de sus artículos han sido reformados por la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

Estructura Y Contenido De La Ley 30/92.

 

La Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se compone de 1 Título Preliminar, 10 Títulos, con un total de 146 artículos, 11 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición derogatoria y 1 Disposición Final.

 

CONTENIDO DE LA LEY 30192 DE 26 DE NOVIEMBRE.

 

·         T. Preliminar.  Del ámbito de aplicación y principios generales.

·         T. Primero.  De la Administraciones Públicas y sus relaciones.

·         T. Segundo.  De los órganos de las Administraciones Públicas.

·         T. Tercero.  De los Interesados.

·         T. Cuarto.  De la Actividad de las Administraciones Públicas.

·         T. Quinto.  De las Disposiciones y los Actos Administrativos.

·         T. Sexto.  De las Disposiciones Generales sobre los Procedimientos Administrativos.

·         T. Séptimo.  De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa.

·         T. Octavo.  De las Reclamaciones Previas al Ejercicio de las Acciones Civiles y Laborales.

·         Noveno.  De la Potestad Sancionadora.

·         Décimo.  De la Responsabilidad de las Administraciones Públicas y de

·         sus Autoridades y demás Personal a su Servicio.

 

Objeto de la Ley.

 

La presente Ley establece y regula las bases del Régimen Jurídico, el Procedimiento Administrativo Común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas.

 

Ámbito De Aplicación.

 

Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas:

 

·         La Administración General del Estado.

·         La Administración de las Comunidades Autónomas.

·         Las Entidades Locales que integran la Administración Local.

 

Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública.

 

Principios Generales.

 

Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

 

Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

 

Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

 

Actúan bajo la dirección del Gobierno de la nación, de los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales que integran la Administración Local.

 

Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única y en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

 

Se puede definir al Acto Administrativo como, una declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio, emanada de un sujeto de la Administración Pública en el ejercicio de una Potestad Normativa.

 

El Acto Administrativo procede de la Administración, tiene origen en el ejercicio de la Potestad Reglamentaria y se halla sometido y regulado por el Derecho Administrativo.

 

 

Clases De Actos Administrativos.

 

     1º.  Por sus destinatarios:

 

Generales: se dirigen a una pluralidad de personas.

Singulares: se dirigen a una persona determinada.

 

2º.     Por su carácter:

 

·      Definitivos: ponen fin al procedimiento.

·         De trámite: desarrollan el procedimiento.

 

3º.     Por su forma:

 

·      Expresos: la voluntad de la Administración se manifiesta bien oralmente, bien por escrito.

·      Presuntos:  la voluntad de la Administración se presume sin que se haya  producido expresamente.

 

4º.  Por su contenido:

 

     Negociables: sus efectos se derivan de la voluntad del órgano que lo dicta.

          No negociables: sus efectos se derivan de la Ley directamente.

 

5º.  Por la potestad ejercida:

 

Reglados: todos sus elementos vienen determinados por el ordenamiento jurídico.

Discrecionales: el ordenamiento no específica todos sus elementos, sino que alguno de ellos lo deja a la libre apreciación de la Administración.

 

6º.     Por la posibilidad de ser recurridos en vía ContenciosoAdmínistrativa:

 

Impugnables; son impugnables los actos definitivos, los de trámite que decidan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, o que puedan causar indefensión, así como aquéllos que agoten la vía administrativa.

No impugnables; no son impugnables los actos firmes, los que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes, los actos confirmatorios de acuerdos no recurridos en tiempo y forma, así como los que pongan término a la vía administrativa como previa a la vía judicial Civil o Laboral.

 

EL PRODEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

 

Es regulado por la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

Es el proceso jurídicamente establecido para que la Administración actúe y produzca sus decisiones y actos, siendo pues una vía concreta y determinada que ha de seguirse siempre con sumisión a la Ley y al Derecho.

 

Principios Generales.

En el artículo 3 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, se establece que:

 

Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

 

Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

 

Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

 

Actúan bajo la dirección del Gobierno de la nación, de los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales que integran la Administración Local.

 

Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única y en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

 

FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

 

Iniciación.

 

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de la persona interesada.

 

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de sus subordinados o como consecuencia de denuncia.

 

A instancia de parte, cuando se promuevan para resolver pretensiones deducidas por los particulares o por denuncia administrativa.

 

Ordenación.

 

Consiste en la serie de medidas que conducen a la terminación del expediente, comprendiendo los siguientes actos:

 

a)      Actos de impulso.

b)      Actos resolutorios.

c)       Actos de documentación.

 

Instrucción.

 

Es una fase de gran trascendencia, ya que a través de la misma se intenta obtener todos aquellos datos necesarios para que pueda fundamentarse la resolución, destacando los informes, las pruebas y la audiencia a los interesados.

 

Terminación.

 

Las formas de terminación del procedimiento son la resolución, el desistimiento, la caducidad, la imposibilidad de continuarlo por causas sobrevenidas y terminación convencional.

 

A forma general es la resolución, en la que concluidos los expedientes se entregarán en la secretaría general de la Corporación que, después de examinados, los someterá al Presidente de la Corporación.

 

Ejecución.

 

Los actos administrativos sujetos a Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

 

LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.

 

Conforme el Art. 5 de la Ley de Bases de Régimen Local, las Entidades Locales se rigen, en primer término, por dicha Ley, y además, “en cuanto a su régimen organizativo y de funcionamiento de sus órganos, por las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre Régimen Local, y por el Reglamento Orgánico propio de cada Entidad, en los términos provistos en esta Ley”.

 

Los órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.

 

En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se ajustará a las siguientes reglas:

 

SESIONES PLENARIAS.

 

El Pleno celebrará una sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes.

 

Cada 2 meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre

5.001 a 20.000 habitantes.

 

          Cada 3 meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes.

 

Asimismo el Pleno celebra una sesión extraordinaria cuando lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, de¡ número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de 3 anualmente.  En este ultimo caso, la celebración de¡ mismo no podrá demorarse por más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.

 

Si el Presidente no convocase el pleno extraordinario solicitado por el número de Concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente a de finalización de dicho plazo, a las 12 horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.

 

En ausencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya, el pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido y éste será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes.

 

ORDEN DEL DIA:

 

El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde o Presidente asistido de la Secretaria.  Asimismo podrá recabar la asistencia de los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de los Tenientes de Alcalde, y consultar si lo estima oportuno a los portavoces de los grupos existentes en la Corporación.

 

En el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda.

 

NULIDAD DE ACUERDOS:

 

Serán nulos los acuerdos adoptados en, sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria y en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia.

 

LUGAR DE SESIONES:

 

El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, Palacio Provincia¡ o Sede de la Corporación, salvo en los supuestos de fuerza mayor en que podrá habilitarse otro edificio o local a tal efecto.  En todo caso, se hará constar en acta esta circunstancia.

 

CONSTITUCIÓN DEL PLENO:

 

Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de 1/3 del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a 3.

 

Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.  En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente le sustituyan.

 

Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora pero 2 días después.

 

Si tampoco entonces se alcanzase el quórum, se pospondrá el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.

 

DURACIÓN DE SESIONES:

 

Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidas de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo.  Si éste terminara sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente podrá levantar la sesión.

 

PUBLICIDAD DE LAS SESIONES:

 

Las sesiones del Pleno de las corporaciones Locales serán públicas, no obstante, podrá ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los ciudadanos, cuando así se acuerde por mayoría absoluta, no pudiendo el publico asistente intervenir en la sesión.

 

OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA:

 

Los miembros de las Corporaciones Locales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con antelación necesaria al Presidente de la Corporación.

 

El Presidente podrá sancionar con multa a los miembros de la Corporación Local por falta no justificada de asistencia a las sesiones.

 

ACTAS Y CERTIFICADOS DE ACUERDOS.

De cada sesión el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar:

a)    Lugar de la reunión, Municipio y local utilizado.

b)    Día, mes, año y hora en que comienza.

c)    Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros presentes y de los ausentes excusados y sin excusar.

d)    Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o segunda convocatoria.

e)    Asistencia del Secretario, o de su sustituto legal, y del interventor, cuando concurra.

f)                Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros que hubiesen intervenido e incidencias.

g)    Votaciones realizadas, en las nominales, el sentido n que cada miembro emita su voto y además se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan.

 

NOTIFICACIONES.

 

Las notificaciones que estaban recogidas en el art. 58 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, han sido reformadas por la Ley 4/99 de 14 de enero de modificación de la Ley citada anteriormente.

 

Dicho artículo 58 reformado establece que:

 

Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses.

 

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener:

 

  • El texto íntegro de la resolución, con indicación de si es definitivo o no en la vía administrativa.

 

·         La expresión de los recursos que contra la misma procedan.

 

·         El órgano ante el cual deben presentarse.

 

·         El plazo para presentarlos.

 

Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

 

PRACTICA DE LA NOTIFICACIÓN.

 

El art. 59 de la Ley 30/92, que trata de la practica de la notificación, también ha sido reformado por la Ley 4/99, quedando de la siguiente forma.

 

1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

 

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

 

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud.  Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio conforme a lo previsto en el apartado anterior.

 

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad, sí nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

 

3. Cuando el interesado o su  representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite contínuándose con el procedimiento.

 

4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio al que se refiere al apartado 1 de esta artículo, o bien intentada la notificación no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

 

En el caso de que el último domicilio conocido radicara en país extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente.

 

Las Administraciones Públicas podrá establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores.

 

5. La publicación de la resolución sustituirá a la notificación en los siguientes

casos:

 

a)    Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es suficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

 

b)    Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.  En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

 

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